El Imparcial de Matehuala Noticias
María Elena Yrízar Arias
Durante el trascurso de esta semana, el asunto de la inseguridad ha sido el tema más importante a tratar, ya que se han referido al mismo tanto la ciudadanía como algunas autoridades. Ayer el secretario general del ayuntamiento capitalino, Marco Antonio Aranda Martínez, aseguró que hace falta mayor organización entre autoridades de los tres niveles de gobierno para crear estrategias efectivas que puedan contrarrestar la incidencia de violencia que se vive en los últimos días en el estado.
Señaló que una de las medidas que deben tomar las autoridades para evitar la filtración de los criminales a la zona es precisamente dar atención al tema, ya que hasta ahora no ha visto alguna estrategia como las que se implementaban en 2009 cuando San Luis Potosí vivió en la cima de violencia durante la narcoguerra y que a él le tocó enfrentar cuando fue secretario general de gobierno del estado.
Por su parte, el director de la Casa del Migrante en la entidad potosina, el sacerdote Rubén Pérez, categóricamente dijo que la delincuencia organizada secuestra y explota a migrantes centroamericanos y que las autoridades lo saben y no dicen nada.
Juan José Priego, en su calidad de vocero de la Iglesia católica, afirma que los actos de violencia podrían volver a registrarse si no son reprimidos a tiempo. Según él, para disminuir la tendencia criminal se requiere de la participación de los cuerpos policiacos y de la ciudadanía. Aunque no explicó en qué sentido podría ser la participación ciudadana.
Desde Ciudad Valles, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo, hasta sorprendió con su declaración vertida ayer, donde alzó la voz diciendo que ¡basta de decir que no pasa nada! Desde luego haciendo alusión a las autoridades estatales que han tratado de disminuir con su discurso este problema tan sentido y reclamado por la ciudadanía. Aseguro que “los casos de violencia que se registren, como en el caso de Valles, en donde se han suscitado algunas privaciones de la vida, se tiene que dar una respuesta de investigación inmediata y no se tiene por qué minimizar, ni mucho menos dejar a un lado”.
Dijo Vega Arroyo: “yo entiendo que son expresiones para que la población no caiga en pánico, y decirle a la sociedad que no pasa nada, pero se tienen que ejercer acciones efectivas ante los eventos que se han registrado”. “San Luis Potosí no está exento de que se esté viviendo una situación de inseguridad, y se debe trabajar en coordinación, ya que la seguridad pública es un derecho humano y corresponde al Estado garantizar y darla tanto personal, como la protección de su patrimonio a la ciudadanía”. Por lo que pidió que exista una coordinación entre las corporaciones para poder atacar este flagelo a la sociedad.
En la misma región de la Huasteca es de todos conocido el hecho de que el municipio de Tamuín se ha convertido en una especie de fosa común, donde aparecen algunos cuerpos que no se sabe a ciencia cierta quiénes los dejan allí. Y así, por otras regiones el temor prevalece en el sentimiento de la ciudadanía.
El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, efectivamente sostiene la tesis de que el problema de la inseguridad hay que atenderlo. La idea es muy buena, lo que no dijo es cómo lo va a hacer y cuál será la estrategia de inteligencia que aplicaría y cuándo o cómo.
Más de 50 por ciento de los potosinos viven en el centro del estado, de tal manera que el mayor problema se encuentra concentrado en esta zona, mientras que en las demás regiones, el mayor número de ciudadanos y comerciantes se encuentran inseguros, con un temor fundado de que las cosas salgan del control del gobierno y vuelvan los tiempos de violencia generalizada.
San Luis Potosí, entonces, se encuentra entre dos vertientes, por un lado tiene la aspiración de ser el centro de inversiones de mayor opción para los extranjeros, con el objetivo de buscar un desarrollo económicos y generación de empleos que desde luego es muy válido, pero el otro asunto de la seguridad plena deberá ser una prioridad, porque ninguna sociedad puede crecer con este lastre.
Somos un estado pobre, con más de 54 por ciento de familias en esa condición, y todavía fregados por la inseguridad. La sociedad civil está dispuesta a sumarse a esta tarea. San Luis Potosí sólo debe asegurarse en materia de cumplimiento del derecho humano de la seguridad, lo demás podría venir hasta por añadidura.
