El Imparcial de Matehuala Noticias
María Elena Yrizar Arias
El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, ha invitado a los ciudadanos en general a denunciar a los militantes del PRI que sean corruptos, con el objetivo de ir limpiando al partido tricolor. Para algunos esta petición les ha parecida absurda porque de ese partido han emanado infinidad de políticos que han sido sumamente corruptos, a otros nada más les causó risa y para los demás partidos políticos, les da materia suficiente para darle rienda suelta a sus críticas y señalamientos. Inclusive se tiene como muestra de estos corruptos al ex gobernador del estado de Veracruz, quien tuvo que pedir licencia por la infinidad de señalamientos de corrupción que existen en el estado que gobernó como miembro del PRI. Hasta se habla de la existencia de una orden de aprehensión en su contra por algún delito grave.
En nuestro entorno potosino, siguiendo la exhortación del líder nacional priísta de denunciar a los corruptos que sean priístas, un grupo de abogados litigantes en la capital estatal denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Estado a la ex alcaldesa de esa ciudad, Victoria Amparo Labastida Aguirre, quien se desempeñó como presidenta municipal de San Luis Potosí en el periodo 2009-2012 y a algunos de sus colaboradores más cercanos, Emigdio Ilizaliturri, Agustín Soberon y Miguel Ávalos Oyervides, por diversas irregularidades que parece que son actos de corruptelas que fueron debidamente señaladas en su oportunidad por la Contraloría Mayor del Estado y que al parecer la misma Procuraduría de Justicia esa denuncia la ha tenido inactiva y el vocero de dichos abogados, Rodolfo Antonio Reyes Morales, afirmó que por alguna razón la Procuraduría no ha dado el curso legal adecuado a la denuncia que previamente hizo la Contraloría Mayor del Estado y que como ciudadanos se han visto en la necesidad de activar ese proceso, argumentando que no se trata de alguna cuestión menor, sino de carácter mayor y consideran que es necesario que se proceda y haya un castigo del orden penal.
A consideración del vocero de los abogados, la administración labastidista ha sido la más corrupta en las últimas administraciones municipales capitalinas, porque es necesario revivir un asunto que tiene que ver con 200 millones de pesos que van desde ingresos a la tesorería municipal, así como recursos del ramo 33 y del ramo 28 de Sedesol que se desconoce el paradero de dicho dinero, que al parecer no pudieron justificar qué se hizo con él o dónde está aplicado.
Esta exhortación del presidente nacional priísta pudiera hacerse extensiva a la administración municipal de la misma capital que encabezara el ex presidente municipal priísta Mario García Valdez, en el periodo posterior a Victoria Labastida, y quien al parecer se encuentra bajo investigación y que también se le ha señalado como un probable responsable de irregularidades.
A quien también hay que tomarle la palabra es al vocero de la Iglesia potosina, Juan Jesús Priego Rivera, quien ayer afirmó: “Si nos volvemos una sociedad informada, participativa y crítica, los gobiernos estarán obligados en lo que pueden o no pueden hacer”. Destacó la importancia de que los ciudadanos tomen una posición más crítica y se animen a evaluar las actuaciones de los gobernantes, pues ello dará como resultado gobiernos sólidos que verdaderamente representen los intereses sociales.
El sacerdote católico consideró indispensable y justo que haya cambios sustanciales, los cuales deben generarse de forma urgente y a corto plazo y que se incluyan instrumentos de participación ciudadana que se conviertan en acciones sobre el actuar de los mandatarios, como ocurre con un referéndum y la revocación del mandato.
Explicó el vocero de la Iglesia católica que contar con elementos de participación ciudadana contribuiría a generar gobiernos más sólidos, pues la ciudadanía tendría el derecho de evaluación sobre quienes ejercen el poder, con la posibilidad de retirar del cargo a los servidores públicos que no cumplan por los estándares fijados por la propia sociedad.
Si se les toma la palabra a los exhortadores tanto del PRI como de la Iglesia, entonces resultaría que muchos abogados y ciudadanos denunciarían el cúmulo de irregularidades de los servidores públicos corruptos priístas de todas las regiones del estado donde hay más corruptos a nivel nacional. Lo que sería una tarea enorme por realizar. Eso, por una parte. Ahora habría que ver cuál sería el comportamiento de las autoridades de la Contraloría Mayor del Estado y la misma Procuraduría de Justicia, que al menos en el asunto de Labastida se habían hecho guajes para no actuar. Entonces ¿quién garantizaría que se haga justicia en contra de los corruptos?
Ahora bien, el exhorto de ser más críticos que hace la Arquidiócesis, ¿quiénes son esos elementos de participación ciudadana que contribuirían a generar gobiernos más sólidos? ¿Acaso ustedes los encabezarían? Propongan nombres, propongan acciones y las secundamos. Así, les tomaríamos la palabra.
