María Elena Yrizar Arias
La palabra corrupción dentro de un enfoque social y legal se encuentra definida como la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos. La corrupción puede darse en cualquier contexto, en este caso se analizará en el sentido administrativo y político.
La corrupción, tanto administrativa como política, se refiere a los delitos que se cometen en el ejercicio de un cargo público, para conseguir una ventaja ilegítima, acto que se comete generalmente de manera secreta y en privado. Las formas de corrupción son muy variadas, algunas son: el soborno, es el más repetitivo de los delitos contra la administración pública, y que va desde la entrega de una módica suma de dinero a un oficial de seguridad, para evitar una multa, hasta el ofrecimiento de grandes cantidades de dinero para la evasión de los impuestos. Otra, es el tráfico de influencias. Esta se da cuando un funcionario utiliza su estatus para ejercer influencias y conseguir a favor de alguien una actividad que involucre una posición en el servicio público o un trabajo de beneficio.
El más común de los actos de corrupción es el peculado. Ocurre cuando un sujeto se enriquece con el dinero de la hacienda pública de forma ilegal en perjuicio del Estado. En palabras más accesibles y simples es el robo del dinero público que un funcionario hace para su beneficio personal o de su familia. El uso en provecho de los bienes públicos, el uso de materiales y equipos distintas al objeto de su compra; representan actos constitutivos de peculado o simplemente apoderarse del dinero público, mediante tetras y simulaciones de actos inexistentes para allanarse dinero público.
Las causas que originan este tipo de actos de corrupción pueden ser internas o externas. Entre las causas internas se encuentran: falta de moral política, de responsabilidad moral, carencia de una conciencia social, carencia de educación o de una cultura de compromiso o simplemente ser un desvergonzado político. Consecuentemente, lo anterior existe y ha proliferado porque existe la impunidad, que significa la falta de castigo que alguien debe recibir por realizar una acción ilegal.
Otros elementos que existen en este fenómeno social son el corporativismo partidista, concentración de poderes, salarios bajos como en el caso de algunos policías y otras mañas que van desarrollando los empleados de gobierno en el fenómeno del burocratismo.
Existe la corrupción a gran escala, que son actos cometidos en los niveles más altos del gobierno, desde los gobernadores, como ha sido el caso reciente de los mandatarios de Veracruz, y los Duartes, que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común y que generalmente no son procesados penalmente.
Según las buenas intenciones del gobierno federal, ha puesto en marcha un remedio para este mal social que se equipara a un cáncer y lo ha llamado Sistema Nacional Anticorrupción, y sobre este objetivo, pues, resulta que el 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, como instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes del gobierno, así, el gobierno federal reafirma su compromiso con la prevención y el combate de la corrupción, la transparencia y rendición de cuentas. La “anticorrupción” consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular
El diputado J. Guadalupe Torres Sánchez dice que “en el estado de San Luis Potosí, es necesario establecer con toda puntualidad el marco jurídico que permita combatirla y castigarla con todo el peso de la ley, señaló el presidente de la Comisión de Vigilancia, en el marco de la sesión de trabajo de las comisiones unidas de Justicia, Vigilancia y Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura. Dichas comisiones iniciaron los trabajos de análisis para sacar adelante la Ley General del Sistema Estatal Anticorrupción que buscará colocar a San Luis Potosí a la vanguardia en el combate a la corrupción, además se destacó el compromiso de tener concluida la revisión y modificaciones a las distintas iniciativas enviadas por el Ejecutivo a la brevedad posible”.
¿Cómo harán los legisladores potosinos para buscar una ley eficaz en el estado más corrupto del país? Si la eficacia de una ley consiste en que se cumpla y sea validada por el mismo cumplimiento. Si, de ellos mismos, algunos de los legisladores tienen antecedentes de corruptos o se desempeñaron en gobiernos que han sido señalados como corruptos, entonces, ¿con qué calidad moral se puede estar hablando de anticorrupción? Si la anticorrupción es antinatural de la política de algunos.
Lo que más resulta asombroso es la afirmación del diputado Guadalupe Torres. Buscará colocar a San Luis Potosí a la vanguardia en el combate a la corrupción. Bueno, no se puede dudar de su buena fe, eso es indiscutible, lo que resulta asombroso es que siendo los peores en la materia a nivel nacional, ahora por una simple voluntad de cambiar las cosas se pudiera lograr, todos sabemos que la corrupción somos todos y este fenómeno social es añejo. Si se pudiera revertir este mal y convertir a los potosinos en el ejemplo nacional de combate. Pero, el que es buen juez, por su casa empieza, así que veamos quién pone el ejemplo de anticorrupción dentro del mismo gobierno. Y entonces, el ejemplo arrastraría o generaría buenas conductas.