El Imparcial de Matehuala Noticias
El Diputado local Pedro César Carrizales solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se apliquen medidas cautelares para garantizar los derechos humanos de las personas que integran la movilización que mundialmente es conocida como “caravana migrante”, ante la ola de violencia reportada en los últimos días en contra de ellos.
“Mi interés es atender la situación de emergencia y riesgo en que se ven inmersos los integrantes de la “caravana migrante”, atendiendo a lo contenido en el numeral 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorga la facultad a la CIDH de ordenar medidas cautelares por iniciativa propia.” expresó Carrizales.
Explicó que el grupo de personas que la integran, representa un caso de urgencia, atención y protección, sin embargo en México no se les está dando el trato de cuidado que merecen y la mayoría de ellos son un sector vulnerable conformado por niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con alguna diversidad funcional (discapacidad).
El diputado de San Luis Potosí pidió a la CIDH aplicar de manera inmediata, acciones que faciliten el tránsito seguro de todos los habitantes con el fin de garantizar de forma inmediata, la vida e integridad personal de los migrantes; crear medidas de seguridad suficientes para evitar que los migrantes sean víctimas de delito; proveer de suficientes medios de transporte y adecuar los existentes, que garanticen las condiciones mínimas de seguridad; garantizar la seguridad en albergues y en los puntos donde se concentran mayores asentamientos de migrantes; facilitar el acceso a medicamentos a los migrantes que lo requieran; aplicar medidas de salubridad que garanticen la integridad física de los migrantes; facilitar el acceso a las organizaciones de la sociedad civil para verificar la situación de los migrantes detenidos en las estaciones migratorias.
El diputado aseguró que es obligación de las autoridades mexicanas, garantizar el acceso de los migrantes a la justicia mediante medidas que incluyan asesoramiento jurídico gratuito y el establecimiento de un programa de protección a víctimas y testigos de delitos cometidos contra ellos.
